Por Andres f.Lora
La cadena hotelera Viva Wyndham Resorts denunció a la Suprema Corte de Justicia un intento de embargo asalto contra su oficina principal ubicada en la Torre Acrópolis de Santo Domingo, dirigido por un abogado, un alguacil y un grupo que se hicieron pasar por militares y policías, que intentaban ejecutar una sentencia que aún no había cumplido su plazo y sobre la cual ya se había producido un acuerdo con los demandantes.
En una comunicación dirigida al doctor Jorge Subero Isa, Juez Presidente de la Suprema Corte de Justicia, la empresa señala que considera un deber informar al tribunal sobre este hecho, porque es de conocimiento público “que turbas organizadas se están dedicando en diferentes puntos del país a ejecutar supuestas sentencias en contra de diferentes empresas, llevando el terror y el desasosiego a las mismas, pero sobre todo fomentando y dando la impresión de que en nuestro país no existe seguridad jurídica alguna”.
Relata la carta que antes de las 9:00 AM un grupo de personas, haciéndose pasar por militares y policías, evadieron la seguridad de Acrópolis, y penetraron de manera atropellante a las oficinas corporativas de Viva Wyndham Resorts.
El grupo de bandoleros dirigidos por el licenciado Juan Meléndez amenazó con embargar y trasladar todos los bienes mobiliarios de la empresa, a menos que se les pagaran las condenaciones de una sentencia laboral, emitida por un Tribunal de San Francisco de Macorís, que ya había sido tranzada y pagada a los abogados titulares de ese caso.
Además, explica la denuncia que como se había notificado “sólo un par de días antes, todavía no era ni siquiera ejecutoria”, a lo que se suma “que la Sentencia en cuestión fue notificada en Samaná y estaban intentando ejecutarla en el Distrito Nacional”.
El licenciado Meléndez, dice Viva, quien se identificó como el “dueño del caso y líder de la ejecución, con su tono pedante y actitud desafiante se resistió a salir del lugar, aún cuando se le mostraron los cheques pagados y recibidos por los verdaderos abogados titulares del caso”.
“Ni siquiera la intervención por vía telefónica de los Licenciados Liqui Pascual y Miguel Bretón -abogados titulares de los demandantes- pudo socavar la voluntad de Meléndez, aún cuando esos licenciados le indicaron claramente que se había hecho una transacción y que por favor se retirara de ese local, pues ellos tampoco habían otorgado poder, ni a Meléndez ni a nadie, para que procediera a una ejecución en su nombre”, relata la comunicación a la Suprema Corte de Justicia.
El alguacil José Luis Capellán, denuncia Viva, Ordinario de la 4ta Sala Penal del Juzgado de Primera Instancia del Distrito Nacional, “mostrando una actitud totalmente pasiva, permitió que el abogado Meléndez se encolerizara y amenazara a la empresa con trasladar todo, a menos que se le pagasen los gastos de ejecución, que según él ascendían a la suma de RD$200 mil”
La turba duró más de dos horas apostada en las oficinas de Viva Wyndham Resorts en Acrópolis hasta que intervino la Procuraduría General de la República y la Jefatura de la Policía. “La situación dantesca que acabamos de describir sólo pudo ser resuelta gracias a la pronta intervención de la Procuraduría General de la República y la Jefatura de la Policía Nacional”, dice y señala que los “forajidos fueron disuadidos de su proceder y se convencieron de evacuar el lugar, bajo la amenaza de ser retirados a la fuerza y sometidos a la acción de la justicia”.
