NUEVA YORK.- “La libertad de expresión para los seres humanos, y en especial para los periodistas, es como el oxígeno, sin el que no podemos respirar y por tanto, no podemos vivir, tampoco podemos ejercer la profesión”.
La afirmación es de Olivo De León, presidente del Colegio Dominicano de Periodistas (CDP), al dictar una conferencia sobre “La Libertad de Expresión en América Latina y El Caribe” durante el X Congreso Hispanoamericano de la Prensa celebrado en esta ciudad durante los días 28,29 y 30 de Noviembre del 2014.
El X Congreso Hispanoamericano de la Prensa, fue organizado por Millenium Press, el Colegio Dominicano de Periodistas, el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Prensa (SNTP) y otras organizaciones latinoamericanas de periodistas y contó con la participación de delegados de toda América Latina, Estados Unidos y Alemania.
De León afirmó que aunque en la mayoría de la Constitución de los países latinoamericanos se consagra la libertad de expresión, así como en leyes especiales, en la práctica se dan muestras de intolerancias.
Dijo que son escasos los países de América Latina en los que no se hayan producido acciones contra los periodistas, a causa de su ejercicio profesional, registrándose 319 periodistas asesinados en la última década, de los cuales 71 corresponden a los dos últimos años.
Sin embargo, sostuvo que México se ha tornado en el país más peligroso para ejercer el periodismo, por su alto número de asesinatos, secuestros y desapariciones, seguido de Honduras, aunque citó lo difícil del periodismo en Colombia, Brasil y Paraguay.
Asimismo, citó los obstáculos que se dan en Perú, Venezuela, República Dominicana y Guatemala.
Aseguró que a estos asesinatos se suman atentados contra la vida, amenazas de muerte, encarcelamientos, agresiones físicas, intimidaciones, persecuciones, presiones judiciales y psicológicas y otras violaciones que afectan la vida de los periodistas y trabajadores de los medios.
Precisó que en los últimos cinco años 50 periodistas fueron asesinados en México, 31 en Brasil y 30 en Honduras.
En tanto que en este año de 2014 fueron asesinados 27 periodistas en América Latina, de los cuales mataron 8 en México, 5 en Honduras, 4 en Brasil, 3 en Paraguay, 2 en Colombia y Perú, 1 en Panamá, El Salvador y República Dominicana.
De León se refirió a la legislación de cada país en lo relativo al tema, pero centró su atención sólo en República Dominicana, Ecuador, Uruguay, Argentina, Venezuela y Bolivia.
Sostuvo que la legislación más avanzada en cuanto a libertad de expresión y medios audiovisuales en la región la tiene Ecuador, seguida de Uruguay y Argentina, al tiempo que explicó que la mayoría de las constituciones de los países latinoamericanos consagran este Derechos Fundamental.
Agregó que suele ser una constante en la mayoría de las constituciones y las leyes especiales de nuestros países, la presencia del artículo 19 de la Declaración Universal de los Derechos Humano que establece que toda persona tiene derecho a la libertad de opinión y de expresión; este derecho incluye no ser molestada a causa de sus opiniones, el de investigar y recibir informaciones y opiniones, y el de difundirlas, sin limitación de fronteras, por cualquier medio de expresión.
Indicó que este postulado también está presente en todos los tratados internacionales que tienen que ver con la libertad de expresión, en las resoluciones de los convenios internacionales, regionales y de distintas organizaciones.
Resaltó la importancia de este tema en la Constitución Dominicana, el cual está presente en varios artículos, la ley 6132, la 53-07, el Código Penal, la 10-91, entre otras.
Mientras que en la ley audiovisual del Ecuador se plantea la defensa de los derechos de los trabajadores de la prensa en condiciones de no precarización laboral, la eliminación de monopolios en los medios audiovisuales.
Dijo que incluye la obligación para los anunciantes privados de destinar al menos un 10% de su presupuesto anual de publicidad a medios de comunicación de cobertura local o regional, obliga a los medios a proveer a sus empleados los recursos económicos, técnicos y materiales para el adecuado ejercicio de sus tareas periodísticas.
Estipula que la nómina de trabajadores de los medios de carácter nacional debe conformarse "con criterios de equidad y paridad entre hombres y mujeres, interculturalidad, igualdad de oportunidades para las personas con discapacidad y participación intergeneracional" y como garantía de la calidad de la información.
Asimismo, establece que las actividades periodísticas de carácter permanente deberán ser desempeñadas por profesionales en periodismo o comunicación (con excepción de los espacios de opinión, columnas especializadas y programas periodísticos en las lenguas de las nacionalidades y pueblos indígenas).
Otra innovación es la prohibición del "linchamiento mediático", entendido como "la difusión de información concertada y reiterativa… destinada a desprestigiar a una persona natural o jurídica o reducir su credibilidad pública".
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