Por Emilia Santos Frias
La guerra contra las drogas no han dado resultados en
América Latina y el caribe
Violación de derechos humanos y corrupción han permeado
la lucha contra la droga
América Latina viene avanzando en las discusiones
regionales que cuestionan las políticas de drogas hegemónicas nacidas bajo el
fracasado paradigma de la “guerra contra las drogas”. Tanto en los gobiernos
como las organizaciones de la sociedad civil, la academia y poblaciones afectadas, existe un amplio consenso sobre los impactos
negativos que estas políticas tienen sobre los derechos humanos, así como los
magros resultados obtenidos. República Dominicana no es ajeno a esta realidad.
El enfoque punitivo actual ha causado efectos
devastadores para las personas. El ideal de un mundo libre de drogas, que marcó
las políticas del último siglo, no estuvo ni cerca de cumplir su objetivo. Por
el contrario, NO logró disminuir el consumo de sustancias, mientras que aumentó
los niveles de violencia y fortalecimiento del crimen organizado.
Los gobiernos
han destinado una cantidad desproporcionada de recursos a las políticas
represivas, en perjuicio de esfuerzos dirigidos a mejorar la condición humana.
Miles de personas, en su mayoría pobres y minorías étnicas y raciales, han sido
encarcelados por delitos menores y no violentos relacionados con las drogas,
sin haber generado grandes beneficios para la seguridad pública. Los poderosos
cabecillas de las organizaciones criminales continúan impunemente lavando
activos en paraísos fiscales.
Dado que la violencia es la forma primordial de
regulación de los mercados ilegales, el tráfico de sustancias prohibidas está
necesariamente acompañado por el tráfico de armas, de las peleas por los
territorios, la corrupción y el socavamiento de las instituciones democráticas,
especialmente las policías, la justicia y las instituciones de gobierno.
Los gobiernos latinoamericanos están comprendiendo que el consumo de substancias psicoactivas es,
en primer lugar y ante todo, una cuestión de salud. Los esfuerzos por controlar
las drogas nunca deben causar más daños que beneficios, o provocar más daños
que el propio abuso de drogas, como ha sucedido en las últimas décadas. No
obstante, las cárceles de la región continúan abarrotándose.
Un número creciente de gobiernos locales,
provinciales y nacionales en toda la región han dejado de tratar la tenencia y
el uso de drogas como delitos. Inclusive, algunos gobiernos han comenzando a
regular legalmente el cannabis, tanto para fines medicinales y terapéuticos
como para fines recreativos. Un número mayor de gobiernos reconocen la
necesidad de que los medicamentos esenciales se encuentren permanentemente
disponibles para la población, especialmente aquellos destinados al tratamiento
del dolor y con fines paliativos, en los países más pobres. Pero se necesitan
reformas más extensas y sistemáticas.
Los estudios muestran que las personas que consumen
drogas tienen mayor riesgo de transmisión de VIH a través del medio directo de
compartir agujas y otros instrumentos para preparar y usar drogas, y también a
través de actividades sexuales no seguras que pueden acompañar al uso de
drogas. Este patrón es especialmente
evidente en la República Dominicana donde la prevalencia de VIH entre las
personas que consumen drogas es de 8,0%, mucho más elevada que la prevalencia media de la población, estimada en un
0,8% y en un 0,9% en la población entre
15 y 49 años
Es necesario asegurar la diversidad y amplia gama de
servicios de atención. Las estrategias de reducción de daños tienen por objeto
mejorar la calidad de vida de las personas que usan drogas, reduciendo los
riesgos para la salud individual y colectiva. Han probado su eficacia en
abordar a los usuarios de drogas más vulnerabilizados y en la prevención de
problemas asociados al uso de drogas con aquellas personas que continúan con su
consumo.
La realización de la VI Conferencia Latinoamericana y
I Caribeña sobre Políticas de Drogas en Santo Domingo los días 5 y 6 de Octubre,
abre la posibilidad de profundizar este debate y sensibilizar a gobernantes,
funcionarios y trabajadores del área, sobre la necesidad de repensar las
actuales políticas de drogas.
En la rueda de
prensa participaron en la mesa principal:
-
Dr. Víctor Terrero, Director del
CONAVHISDIA
-
Pablo Cymerman, CONFEDROGAS
-
Santo Rosario, Director Ejecutivo COIN
Además conto
con la presencia y apoyo del Sistema de las Naciones Unidad, en manos de:
-
Lorenzo Jiménez de Luis, Coordinador
Residente
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