Por Emilia Santos Frías
De acuerdo al Seguro
Nacional de Salud (SeNaSa),
envejeciente es toda persona mayor de 65 años de edad, o de
menos, que debido al proceso de envejecimiento, experimente cambios
progresivos, desde el punto de vista psicológico, biológico, social y material.
Como todo ser humano posee derechos inherentes, entre los que podemos señalar: permanecer
en su núcleo familiar, ser protegido en caso de enfermedad, igualdad de
oportunidades en su acceso a trabajo, asociarse para promover sus derechos,
participar en la vida pública, entre otros.
Asimismo, derecho a la vivienda digna, al diseño de
infraestructuras viales y arquitectónicas acorde a sus posibilidades físicas, a
la nutrición y a las atenciones de salud por parte de los médicos geriatría a
la educación en todos sus niveles y modalidades, incluyendo el acceso a la
educación universitaria, al descanso, recreación, esparcimiento, al juego, la
cultura y el deporte.
En estos derechos queremos hacer hincapié en este artículo, porque
recientemente celebramos el Dia de las Personas Envejecientes, pero el país exhibió pocos logros en materia
de protección a esa población. Y es que pese a tener leyes como la
Constitución de la República del 2010, que establece claramente en su Artículo
8 la protección y justicia social, así como, la 352-98 sobre Protección a la
Persona Envejecientes y la 87-01 que creó el Sistema Dominicano de Seguridad
Social, los adultos mayores en la generalidad, viven en situación en
vulnerabilidad.
La
Ley 352-98, afirma que los adultos mayores no deben ser perjudicados en sus
derechos fundamentales, ni sufrir explotación, violencia, negligencia ni ser
castigados. Es enfática al precisar quiénes deben velar por la garantía de sus
derechos: la familia, la sociedad, el Estado y la comunidad; quienes además, deben
garantizarle salud, alimentación, recreación, cultura, respeto a su dignidad y
libertad, sin embargo no es lo que ocurre en la realidad.
Este mes de noviembre confirme durante una
visita a un ancianato dirigido por Hermana del Sagrado Corazón de Jesús, en la
provincia Monte Plata, algo que ya sabia y a mi entender es la forma más fría y
cruel de acabar con la vida de un envejeciente: la misma familia los lleva a
los asilos, al hacerlo mienten a quienes dirigen esos hogares, niegan ser familiares, los abandonan al cuido en el mejor
de los casos de monjas consagradas a ese
fin. Esto lo hacen generalmente cuando las personas ya no pueden valerse por sí
mismas o cuando les estorban; no tienen dinero o los parientes se han apropiado
de sus bienes muebles e inmuebles, por tanto, molestan dentro de sus mismos
patrimonios e incluso los hijos reniegan de ellos. Son sólo algunas de las
razones que me dieron las personas visitadas.
Otros corrieron con peor suerte, fueron abandonados en hospitales o deambulaban por las calles al ser echados
de sus viviendas.
Y hay más, el Consejo Nacional de Personas
Envejecientes acaba de denunciar que en
lo que va de año 178 casos de denuncias ante esa institución, corresponden a
violencia física y psicológica contra mujeres envejecientes, incluyendo una de
87 años de edad, abusada por su propia vástaga; pero eso no queda ahí, las
víctimas oscilan entre 65 y 92 años de edad. ¿Cómo es eso posible?. Si mi
abuela viviera diría “estos son tiempos finales”. ¡Caramba!, es tan grande el resentimiento
y la malquerencia de algunos seres
humanos, que ya ni a sus propias madres
guardan respeto, ¡ofrezcome!.
Como siempre ocurre, quienes más están
llamados a proteger son quienes más daño causan, y cito al CONAPE: los familiares, enfermeras,
trabajadoras domesticas, personas de confianza, casi siempre lo hacen para
despojarle de sus propiedades.
A todo esto se suma la desprotección en
salud, pensión, jubilación, carencia de ejercicio de sus derechos a la
libertad, cultura, recreación, tan importante en el otoño de su edad. Al
dejarlos a su suerte y pocos mostrar compasión, es como si la sociedad los
arrumbara, los aislara, les quitara el deseo de seguir y con él apagara su
existencia.
La Fundación Oneyda
Cayetano afirma que más de 500 mil
adultos mayores viven en condiciones de pobreza, desprotección social y
sanitaria en nuestro país, de esa cantidad 250 mil viven en condiciones de
desamparo, sin servicio de salud y sin medicamento, excluidos totalmente del
Sistema de Seguridad Social, de acuerdo al cardiólogo Fulgencio Severino. No
importa si fueron profesionales, técnicos, campesinos…
Es otro reto que tenemos como Estados, como actor de esta
sociedad, como organización, tú, yo, todas y todos: la protección y asistencia
a las personas adultas mayores, pero, para asegurar su bienestar, urge
compromiso, respeto, iniciativas, también, recursos, solidaridad, amor,
compasión y entrega. Mañana adultos
mayores seremos nosotros.
La autora es Educadora, Periodista y Abogada.
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